EL PAÍS
Madrid
Los 'okupas' se proponen llevar sus actividades a un centro municipal
Begoña Aguirre
Madrid 30 AGO 2001
Un millar de personas, la mayoría jóvenes, recorrió ayer tarde varias calles del barrio de Lavapiés
(Centro) para protestar por el desalojo, el martes, de los okupas de El Laboratorio II, un edificio
privado que llevaba 22 años vacío en la plaza de Cabestreros. El trayecto comenzó a las 20.00 en la
plaza de Lavapiés, tras una pancarta en la que se leía 'Basta ya de represión a la autogestión'. A
ritmo de percusión y bailando, los manifestantes recorrieron las calles de la Fe, Doctor Piga, Ave
María y Jesús y María. La circulación sólo quedó cortada en la calle de Argumosa durante cerca de
15 minutos.
Mientras la protesta avanzaba, media docena de jóvenes realizaba pintadas con aerosoles en
paredes, suelos, oficinas bancarias y, en especial, en la oficina de rehabilitación del Ayuntamiento -a
quien acusan de apoyar la especulación-, que quedó cubierta de pintadas. La marcha acabó en la
plaza de Cabestreros, ante el edificio desalojado, donde dos manifestantes treparon a los balcones y
desplegaron una pancarta. Ante los intentos de entrar al bloque, acudieron dos vigilantes en apoyo
de otros dos que estaban dentro del inmueble. Una decena de personas comenzó a insultarlos
llamándolos 'pringaos' y 'mercenarios', a lo que ellos replicaron que cumplían con su trabajo.
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Ante la insistencia en que se marchasen, uno de los vigilantes abandonó el lugar enseguida, y el
otro, poco después. Mientras, varios okupas trajinaban en la puerta de la finca sin llegar a abrirla.
La manifestación acabó a las 22.15 y la policía no apareció en ningún momento.
Hacia las siete de la mañana del pasado martes, numerosos agentes antidisturbios rodearon el
edificio de El Laboratorio II y obligaron a salir a los 20 jóvenes que dormían en él, sin que se
produjeran incidentes. Los okupas llevaban viviendo allí más de dos años.
Los policías que ejecutaron el martes el desalojo de El Laboratorio II cumplían una orden del
juzgado de instrucción 43, tras la denuncia del dueño de este inmueble okupado desde el 6 de enero
de 1999 y utilizado desde entonces como vivienda y centro de actividades. En el momento del
desalojo, los okupas estaban desprevenidos porque esperaban que la medida se ejecutase en
septiembre. Su abogado, Endika Zulueta, calificó ayer de 'irregular' que el juzgado ejecutase el
desalojo sin avisarle.
'El auto judicial indicaba que las defensas de ambas partes teníamos derecho a ser avisados, y eso
no se ha hecho, en un intento de invisibilizar la operación y evitar la resistencia. Un desalojo es una
medida judicial, pero aquí la batuta la llevaba la policía, lo que no es propio de un Estado de
Derecho', advirtió. El juzgado debe ahora decidir sobre la causa penal abierta contra 300 personas,
entre ellas el diputado regional de IU, Juan Ramón Sanz, que se autoinculparon como okupas en
apoyo a los jóvenes de El Laboratorio II.
Los okupas aseguraron ayer que, tras el desalojo, se proponen continuar con las actividades
socioculturales previstas 'en el único espacio adecuado que hay en Lavapiés, el centro municipal de

la calle Casino'. El citado centro, en el número 5 de esa calle, es un antiguo asilo de cigarreras
reformado por el Ayuntamiento, dentro del Plan de Rehabilitación de Lavapiés, para utilizarlo como
centro social y comunitario de la zona. En él está previsto abrir en octubre un espacio de
información y atención a inmigrantes, necesario en este barrio con un 15% de población extranjera.
Pero otro de los objetivos del Consistorio es que también sirva como lugar de encuentro para
asociaciones y vecinos del barrio.
Acción colectiva
'No vamos a asaltar ese inmueble ni a actuar por nuestra cuenta, sino con toda la red de asociaciones
de Lavapiés', puntualizó Carlos, uno de los okupas. 'Queremos abrir un proceso con el resto de
asociaciones de la red para conseguir que el Ayuntamiento permita desarrollar en la calle Casino,
además de las actividades que tiene previstas, otras autogestionadas por entidades del barrio. Si no
se logra, la decisión sobre qué hacer la tomaremos entre toda la red', añadió.
La red de colectivos está formada, además de por los okupas, por la asociación de vecinos La
Corrala, la asociación marroquí AEME y entidades de apoyo social a inmigrantes, como Xenofilia,
y a menores, como Paideia. En 1999 ya presentaron un proyecto al Consistorio, con propuestas para
el centro de la calle Casino, pero no recibieron respuesta. Entre otras ideas, planteaban la puesta en
marcha de una radio local y una escuela-taller de restauración para jóvenes con fracaso escolar.
Los okupas recuerdan que la Comunidad cedió el año pasado un edificio público a la Escuela
Popular de La Prospe, que desarrolla también actividades autogestionarias. Su propósito no es que
les cedan el edificio de la calle Casino, sino que en él, dado su gran tamaño, tengan cabida sus
actividades autoorganizativas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de agosto de 2001