200 personas se inculpan a favor de los 'okupas' de Cabestreros
Begoña Aguirre
Madrid 8 ENE 1999
En menos de veinticuatro horas, todas las partes relacionadas con la okupación en la madrugada del
miércoles de un bloque deshabitado en la plaza de Cabestreros (Lavapiés) han preparado su
artillería. El dueño del edificio, que, según los vecinos, lleva dos décadas sin residentes legales, ha
presentado una denuncia contra los okupas en las comisarías de Centro y Arganzuela, que se tramita
ya en los juzgados de la plaza de Castilla. Y estos jóvenes, los mismos que el 22 de diciembre
fueron desalojados de El Laboratorio, un bloque de Embajadores,68, que el Ayuntamiento ha
demolido para construir un aparcamiento y un área recreativa, han conseguido que 200 ciudadanos
simpatizantes de este movimiento, que propugna el uso de inmuebles vacíos, se hayan declarado
okupas en un escrito de autoinculpación.Con esta iniciativa, lo que se pretende es poner trabas a una
posible condena que pudiera caer sobre los okupas tras la denuncia del dueño. El Código Penal
castiga la okupación con multas de tres a seis meses (por cuantías que van de las 200 a las 50.000
pesetas diarias, según la solvencia del procesado), reemplazables en caso de impago por arresto de
fin de semana (a tres meses de multa le corresponderían seis meses de arresto, y a seis meses, otros
12 meses de cárcel).
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El precedente de El Laboratorio
Pilar Hermoso, abogada de los okupas, explica que para los jueces no es lo mismo procesar a 20
personas por tomar un edificio que encontrarse con que son 200 las que se declaran culpables del
mismo delito. "No obstante, a veces optan por procesar sólo a aquellos a los que la policía identifica
dentro del inmueble en el desalojo", añade.
Los okupas justifican su entrada a este edificio alegando que en un barrio como Lavapiés, con
numerosas familias con necesidades e implicado en un plan de rehabilitación, "resulta inaceptable
que el Ayuntamiento permita que haya bloques como éste, que llevan 20 años vacíos". El inmueble
en cuestión tiene tres plantas con 12 viviendas, bajo, garaje y azotea.
El objetivo de estos jóvenes es habilitar en el bloque las viviendas y los talleres de informática, la
biblioteca, el bar y el comedor que regentaban en el demolido El Laboratorio. También pretenden
abrir las puertas de la finca a las asociaciones de inmigrantes senegaleses y marroquíes y a los
colectivos vecinales y ecologistas con las que ya colaboraban.
PASA A LA PÁGINA 3
Un diputado de IU, un dirigente vecinal y otro ecologista figuran entre los autoinculpados
VIENE DE LA PÁGINA 1Entre los 200 autoinculpados se encuentran el diputado regional de IU
Juan Ramón Sanz, el representante de la comisión de urbanismo de la asociación de vecinos La
Corrala Eduardo Gutiérrez y el dirigente de Aedenat-Ecologistas en Acción Ramón Fernández
Durán. Las firmas iban a ser entregadas ayer, pero deberán esperar a que se designe el juzgado que
se hará cargo del caso. Para Sanz, "si se realizara una política dirigida a habitar los pisos vacíos que
hay en Madrid, se podrían solucionar en un 30% o un 40% los problemas de vivienda de los
madrileños". El diputado regional estima que en la capital hay unos 250.000 pisos vacíos, según
declaró a Europa Press. Los okupas justifican su acción alegando precisamente que el inmueble
llevaba dos décadas vacío.
No sería la primera vez que unos okupas se enfrentan a una condena penal por entrar a este mismo

edificio de Cabestreros. Hace dos años, cuatro jóvenes pasaron en él 24 horas hasta ser desalojados.
Como consecuencia de aquello, los cuatro okupas se enfrentan a un juicio por usurpación, hurto y
destrozos que se celebrará 1 de febrero. El dueño del inmueble pide para ellos una multa de seis
meses (540.000 pesetas) por el delito de usurpación, dos años de cárcel por robo y una multa de 24
meses (unos dos millones), además de 1,2 millones de pesetas por responsabilidad civil.
Este periódico se puso ayer en contacto con el abogado Luis Fernando González Ordóñez, que
representa a José Martínez San Andrés, propietario del edificio, para conocer su versión de los
hechos, pero éste declinó hacer ninguna declaración. "Nos remitimos a lo que digan los jueces en
los dos procedimientos en curso", manifestó. Los okupas aseguran no temer por ahora un desalojo
sorpresa. "El juzgado de guardia podía haber ordenado un desalojo cautelar y no lo hizo, con lo que
el asunto llevará tiempo", explican.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de enero de 1999