Archivados los cargos ocntra los cuatro diputados de IU
La okupación de El Laboratorio, según la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
estaba presidida por un propósito «claramente reivindicativo». El motivo de dicha okupación era
que el propietario lo destinara a fines sociales «dada la inconveniencia del desuso de un edificio
semejante, pese a la necesidad de viviendas y centros culturales en el barrio donde se ubica».
A juicio de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el carácter
político de la okupación de El Laboratorio es «inequívoco». La prueba que acredita este fin es la
participación de representantes populares y de organizaciones sociales de distinto carácter, así como
la difusión de la acción. Para el TSJM, este hecho, la difusión, lo hace incompatible con la intención
de consumar el delito de usurpación imputado.
Tras la okupación de El Laboratorio, se adhirieron a esta iniciativa 604 personas: cuatro diputados
autonómicos de IU y 55 colectivos de distinta índole (organizaciones sindicales, estudiantiles,
etcétera). El Laboratorio fue desalojado por sorpresa la mañana del pasado 22 de diciembre. Sin
embargo, la presencia de los cuatro diputados autonómicos de IU —Juan Ramón Sanz, Carlos
Paíno, Luis MiguetSánchez Seseña y Mariano Gamo— como autoinculpados provocó que la Sala
de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les tomara declaración, en un
hecho sin precedentes, en calidad de imputados de un delito relacionado con la okupación.
El abogado de los okupas de El Laboratorio, Endika Zulueta, calificó ayer la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de «llamada a la despenalización de la okupación». «Nunca fue
delito (la okupación) salvo en la dictadura de Primo de Rivera», apuntó el letrado. «Ni siquiera con
Franco fue delito. Tuvo que llegar el llamado Código Penal de la democracia, de Juan Alberto
Belloch, para que fuese un delito». Zulueta tildó de «efecto bumerán» la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
El diputado de IU y portavoz adjunto de IU en la Asamblea de Madrid, Juan Ramón Sane, aseguró
ayer que Izquierda Unida coincide en el diagnóstico del movimiento okupa sobre el problema de la
vivienda. «El movimiento okupa es la presencia más activa y radical a la situación existente. En
Madrid, hay un serio problema de vivienda y, mientras tanto, miles de viviendas se encuentran en
situación de abandono», dijo el diputado.
Una portavoz de El laboratorio denunció que la penalización de le okupación «provoca la
criminalización de este movimiento y la brutalidad policial en hechos como el de Valencia, donde
falleció una persona al desalojar por sorpresa un cine».
Cesión a los “okupas”
Los okupas del nuevo Laboratorio, tomado el pasado 6 de enero tras el desalojo del inmueble de la
calle de Embajadores 68, denunciaron ayer la situación de abandono del edificio ubicado en la plaza
de Cabestreros.
Asimismo, los okupas afirmaron que van a solicitar tanto al Ayuntamiento como a la
Comunidad de Madrid la expropiación de un edificio y la cesión del inmueble a los okupas en
régimen de autogestión. «Queremos que, por fin, se reconozca que hay una realidad autónoma que
tiene que tener cabida en la sociedad», apuntó Marga, okupa de Cabestreros.
Asimismo, los okupas reclamaron a la Administración que «tome medidas directas y concretas»
para garantizar la función social de la vivienda.
La construcción del edificio del número 24 de la calle del Amparo fue paralizada en el año 1977.
Desde entonces, sus tres pisos, con cuatro viviendas y la buhardilla, permanecen cerrados.